La crisis política y social en España ha alcanzado un punto crítico tras el violento asalto al final de la Vuelta ciclista a España. Las principales asociaciones y sindicatos de la Policía Nacional han exigido la dimisión inmediata del delegado del gobierno en Madrid, quien se encuentra imputado en el caso de Begoña Gómez. La tensión se desató cuando Pedro Sánchez alentó a manifestantes radicales a interrumpir la última etapa de la carrera en el centro de la capital, lo que culminó en disturbios devastadores.
Al menos 22 agentes han resultado heridos y miles de aficionados se han visto en riesgo, mientras que el delegado del gobierno, en rueda de prensa, no solo evitó condenar los ataques, sino que prácticamente felicitó a los violentos por su rechazo a Israel. Estas declaraciones han sido interpretadas como una confirmación de que el gobierno podría estar detrás de los disturbios.
Los sindicatos policiales han denunciado que el delegado prohibió el uso de medios de protección y material antidisturbios durante los ataques de grupos antisemitas, exponiendo así la vida de ciudadanos y agentes. El sindicato unificado de policía ha estallado, exigiendo la dimisión del delegado y anunciando acciones legales en su contra. “No ha estado a la altura. Los radicales han estado al mando”, afirmaron en un contundente mensaje en redes sociales.
La Unión Federal de Policía se ha sumado a esta demanda, exigiendo responsabilidades políticas inmediatas. La fractura entre la Policía Nacional y el Ejecutivo de Sánchez es más evidente que nunca, y se han convocado concentraciones de protesta para los próximos días. La situación es crítica y la presión sobre el gobierno aumenta. La comunidad espera respuestas inmediatas ante esta crisis sin precedentes.
